Conozcamos la Malversación Universitaria (Tiempo de revisiones, tiempo de sanciones)

Manuel C. Martínez M.

04/02/2011

“Ministra: Creemos que en la nueva Ley deben quedar establecidos, al menos, los grandes criterios; después entran a definirse mecanismos y reglamentos ya más específicos. La nueva ley debe considerar los nuevos modelos de universidad que han venido surgiendo y cómo las universidades se han venido comprometiendo con la inclusión, con la transformación, cómo van vinculándose a los proyectos de desarrollo integral, socio-económico del país, el que está vigente y los que vengan más adelante y eso debe ser considerado a la hora de asignar el presupuesto, porque éste debe asignarse para ello, que son las actividades prioritarias y pertinentes de nuestro país. - Creo que es un elemento y que en el debate se irá profundización y mejorando, pero tiene que quedar contemplado algún elemento en materia presupuestaria, y sobre todo la rendición de cuentas que sí se viene haciendo, pero los mecanismos son insuficientes para dar cuenta realmente de lo que es el uso de los recursos que disponen las universidades, tantos los que llegan por vía del presupuesto ordinario como los que llegan por los ingresos propios; además, la rendición de cuenta no es sólo administrativa, hay una rendición de orden sociopolítico que tiene que ver con lo que se llama el encargo social, o sea, ¿para qué la sociedad creó la universidad A, B, C o D?, ¿realmente esa universidad cumple con aquello que le encargó la sociedad?, esa es la rendición de cuentas ética que deberíamos ir apuntalando en el marco de esa transformación.”

http://www.aporrea.org/educacion/n174326.html

Las negrillas del epígrafe las colocamos para desde ya adentrarnos en el tema de la “malversación universitaria”, por decir lo menos, que durante muchas décadas postperezjimenistas - las que viví personalmente - ha imperado en estos centros burocráticos, nominalmente, de alto rango académico, instaurados más como bolsas proselitistas y laborales que como centros de trabajo de investigación y aportes académicos universales, con la salvedad de los pocos aportes sociales que al respecto hayan entregado a cambio de las toneladas de dólares fiscales que por ellas han desfilado, y que sin embargo y relativamente siguen exhibiendo y sufriendo los niveles de sueldos más deprimidos de casi todos los países del mundo.

Excusamos también a las pequeñas cuotas de abnegados docentes y administradores menores que no pudieron quebrar la irresponsable conducta media y predominante practicada por unas autoridades generalmente sometidas a “elecciones primarias” en los recintos de las secretarias de los partidos políticos con aspiraciones a ejercer en ellos gobiernos y cogobiernos.

El “encargo social” universitario no puede estar desligado del manejo financiero, por lo que las sanciones éticas no bastan ni pueden ser la excusa para los posibles actos delincuenciales que allí se han efectuado, según las denuncias del citado ex Ministro Moncada. Dese luego, muchos de los despilfarros son cometidos más por incompetencia profesional que por razones corruptas, de allí que el Control de calidad profesional moral y profesional debe ser punto de honor en cualesquiera reformas que allí se realicen. De otra manera, tendremos nuevas autoridades con los mismos potenciales de incumplimientos de ese “encargo social”. Tampoco parece tener sentido que un recién ingresado (un nuevo) tenga derechos electorales igualitarios a los de un alumno ya avanzado en su carrera.

Quede claro que, por razones obvias, la malversación no es citada expresamente por la flamante Ministra, a quien le deseamos los mayores éxitos gerenciales.

Bien, que muchos profesionales egresados de ellas estén prestando excelentes servicios ha dependido más de sus recursos personales y dedicación extra cátedra que de los controles de calidad, que allí han brillado por su ausencia, por aquello del amiguismo político, las tolerancias populistas, las propias deficiencia de un personal que allí ha sido contratado sin ser muy importante profesionalmente, pero que luego pasan a serlo por haber ejercido en ellas[1].

Dejamos a un lado las llamadas e indecentes prácticas de “colchonetas”, porque, al parecer, se trataría de una irregularidad común en todas las casas universitarias del mundo.

Cabe destacar la siguiente malversación académica como reflejo de mal uso fiscal: Por ejemplo, recordamos que durante el segundo año de fundada la Universidad de Carabobo, a ella concurrió gente muy izquierdista y de connotadas intenciones revolucionarias comunistas o procomunistas. En una de las asambleas, convocadas por la dirigencia estudiantil de marras, se discutió los mecanismos de aprobación y reprobación de materias, a fin de cubrir la carrera en el menor tiempo posible y con las mejoras ventajas para el estudiantado e institución. En principio esa agenda se aprobó por unanimidad.

Pero fue el caso de que al respecto regía una norma, según la cual , los alumnos debían repetir el año completo cuando estos no aprobaran la mitad más una de las materias del paquete programático correspondiente. En los casos de años con carga impar de materias, el necesario redondeo se aplicaba por defecto. El representante y “revolucionario” sacó unas cuentas y dijo: en el caso de aquellos años con 7 materias de carga académica, por ejemplo, se estaba obligando a repetir a los alumnos que reprobaban 4 materia de 7, lo cual, a su “revolucionario” juicio, perjudicaba al alumno ya que la mitad más 1 de 7 es 4,5, y obviamente le estaban practicando un redondeo perjudicial hacia abajo. Sugirió que el tal redondeo fuera ya que se debía optar por lo que mejor, literalmente, “favoreciera al reo”. Desde ese año para acá, un alumno sólo repite el año completo cuando lo reprueben en 5 /7, o 4/5. No pude comprobar después si se trataba de un auténtico revolucionario de izquierda o un payaso puesto por adecos y copeyanos que ya sabían de los daños que causaría a la calidad académica semejante reforma, que ya ellos habían programado en secreto, y de esa manera endilgarle a la izquierda toda la responsabilidad del caso.

Seguimos: Otra forma usual y vigente de malversación es la promediación aritmética simple de notas, de tal manera que un alumno puede ser reprobado con 4/10 puntos en uno de los tres exámenes que corresponda, y si aprueba con 6/10 y 5/10 termina aprobado con 5/10. Esta manera universitaria venezolana de aprobar materias y años traduce a ojos vistas que tenemos egresados que sólo conocieron la mitad del pensum, ya que ese 50% es la nota predominante.

Bien, preguntándonos: ¿cómo queda el resto de la sociedad venezolana y las demás instituciones públicas y privadas, si en esas casas magnas de estudio se demostró (Admón. de Samuel Moncada, ex Ministro de Educación, Prensa nacional de marras) que sus manejos administrativos no han sido muy sanctas que digamos, al punto de que en esa etapa ministerial quedó establecido, aunque timoratamente, que las universidades habían perdido la credibilidad para manejar honestamente fondos presupuestarios del pueblo. En mi caso, por ejemplo, me prefacturaron 30 años de servicio cuando en realidad trabajé 25. En cruce de correo con el ex Ministro mencionado quedó claro que tal facturación posiblemente buscaba recibir del Estado prestaciones con inclusión de Fideicomiso sobre la base a 30 años, para luego liquidarme 25 años, y por supuesto el sexto restante iría a otra parte.

P.D.: La no cancelación oportuna del Fideicomiso de los Jubilados encaja perfectamente entre la carpeta de malversación de fondos, ya que anualmente, pensamos, debió presupuestarse los fondos correspondientes a las acreencias fideicomisarias en proceso.

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[1] La materia de Primer año de Economía, Derecho Público, corrió a cargo de un profesor mediocre pero connotado en la sociedad y tribunales valencianos. El jurado que nos examinó reprobó a todos menos uno (mi persona, de lo que no quiero jactarme, pero si quejarme. La materia fue suprimida ante tanta raspazón, y, por supuesto, no puede recibir los   méritos que me asistían). La pregunta clave de esa reprobación en cambote fue sobre la condición “seglar” de los aspirantes a determinados cargos públicos. Los reprobados respondieron que tales aspirantes debían ser “solteros”, y no, mundanos y ni ejercer ministerio religiosos.