VANGUARDIA POPULAR ANTE LA CRISIS DEL PAÍS

Por Comité Central del partido Vanguardia Popular

Venezuela recibe el 2009 en medio de una gran incertidumbre. A las erráticas políticas económicas del gobierno de Hugo Chávez, se unen su carácter arbitrario, autoritario y despótico; sus pretensiones de perpetuarse en el poder y los estragos de una crisis recesiva mundial que desnuda la profunda dependencia del país y las fragilidades de nuestra estructura económica y social.

El año 2008 cerró con una inflación general de 34% que en el renglón alimentos alcanzó al 45%, con un déficit fiscal cercano a los $10.000 millones, con una deuda externa de más de $40.000 millones (incluida la deuda de PDVSA), con una caída de los precios petroleros alrededor de los $30 por barril, con un deterioro manifiesto en la cobertura y calidad de los servicios públicos, con el desbordamiento de la inseguridad y las formas más atroces del delito y el crimen, con una corrupción desatada que crece ante el silencio cómplice de todas las instituciones del Estado llamadas a combatirla, y con una ofensiva hegemónica y arbitraria, que de manera impune irrespeta la manifestación de la soberanía popular.

El próximo 2 de febrero el gobierno de Hugo Chávez cumplirá diez años consecutivos en el poder. Durante ese período ha administrado cerca de 850.000 millones de dólares producto de los más altos ingresos petroleros y fiscales de nuestra historia. A su vez, ha contado con el control absoluto de todas las instituciones del Estado, con poderes habilitantes de larga duración y amplio alcance para legislar de acuerdo con las necesidades del país y, hasta hace muy poco, con el más amplio respaldo nacional e internacional. Ningún otro gobierno en Venezuela dispuso de tanto dinero, poder político y respaldo popular como el que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, ha fracasado estruendosamente, frustrando las expectativas de transformaciones y cambios demandados por el país.

El crecimiento sostenido del PIB de los últimos años contrasta con la caída del 40% de la capacidad productiva industrial y agropecuaria. Esto se explica por el incremento de la capacidad expansiva del Estado sobre la economía y el fortalecimiento de la demanda interna que, a su vez, se cubre con el crecimiento inusitado de nuestras importaciones, las cuales alcanzan al 60% de los productos que consumimos. Hasta hace poco vivimos una dinámica de altos ingresos fiscales por la vía del negocio petrolero y del incremento de la capacidad recaudadora del fisco nacional, mientras simultáneamente ha aumentado el endeudamiento público a niveles colosales y se desarrolla una tendencia al déficit fiscal. Los cuantiosos recursos petroleros, la recaudación del SENIAT y el endeudamiento público se hicieron insuficientes para financiar el gasto dispendioso del gobierno y para cubrir nuestras crecientes importaciones, para sostener su derroche de publicidad y su política clientelar, su despilfarro demagógico nacional e internacional, su ineptitud para gobernar y su danza de corrupción.

Una consecuencia directa de lo anterior es el incremento del circulante monetario, el cual ha disparado los costos de producción y el precio de los productos desatando la espiral inflacionaria. Por su lado, la industria petrolera venezolana registra un déficit financiero y productivo, tanto por su excesivo endeudamiento (calculado en $17.000 millones), como por el derroche y corrupción que se han enseñoreado en su seno. El deterioro de la industria, el incremento de los accidentes y la caída de la capacidad productiva, nos han colocado en la irónica situación de tener que importar gasolina para cubrir el déficit del mercado interno. Sin embargo, nunca como ahora hemos dependido tanto del petrolero, el cual constituye el 90% del total de los ingresos del país.

La situación de las industrias básicas y estratégicas tuteladas por la CVG es grave. Luego de diez años de fraseología "patriótica y revolucionaria", constatamos con dolor dos saldos del régimen chavista en este sector: por una parte, seguimos siendo básicamente productores de materias primas y productos semielaborados cuyo destino principal es el mercado internacional. Por la otra, las empresas de la CVG han sido técnicamente quebradas, han reducido sustancialmente su capacidad productiva, registran una merma en sus ingresos como consecuencia de la caída de la producción y mantienen una altísima deuda laboral con sus trabajadores directos e indirectos.

El área de la economía social y de las empresas nacionalizadas no registra un balance mejor. la quiebra de cooperativas, empresas y proyectos han convertido al sector en un desaguadero del dinero público, en el que campean la ineficiencia, el derroche y la corrupción; la manipulación sectaria y excluyente; la compra de conciencias y el reparto demagógico de algunas migajas del festín petrolero: deterioro de la calidad y cantidad de los bienes y servicios producidos, fracaso administrativo y financiero y fuente de corrupción y demagogia; son el saldo principal de la gestión oficial en un sector que Vanguardia Popular reivindica por razones de interés nacional, de equidad y justicia social.

En los campos de la vivienda, los servicios públicos, la seguridad social y personal, también el gobierno ha fracasado. El problema del empleo, la informalidad y los bajos salarios; la negación de las libertades sindicales y demás derechos laborales, especialmente la negación de la discusión de los contratos colectivos de los trabajadores, educadores y profesionales al servicio del Estado; constituyen parte de la deuda social acumulada por décadas y que este gobierno ha sido incapaz de saldar en diez años de gestión.

A todo lo anterior se une el cuantioso gasto militar, que promedia los $10.000 millones anuales, y el desarrollo de una estrategia geopolítica internacional que se sustenta en el manejo discrecional, irresponsable y demagógico de los ingentes recursos de que han dispuesto. El creciente gasto militar tiene como objetivo principal apuntalar una Fuerza Armada Nacional que es el verdadero soporte de su proyecto de poder. Su fortalecimiento forma parte del esquema hegemónico impuesto, de la concepción de un régimen militarista centralizado y autoritario, en la cúspide del cual se halla un teniente coronel delirante y megalómano, que copa todos los espacios de poder en el Estado y en la sociedad. El crecimiento de este costoso y desproporcionado aparato militar, y el desarrollo de una política internacional demagógica y expansionista, poco tienen que ver con nuestra tradición solidaria como pueblo y como nación, con nuestra vocación integracionista o nuestra herencia bolivariana. Por el contrario, ambos asuntos se inscriben dentro de una estrategia de poder nacional e internacional que se adorna de épica seudorevolucionaria para ocultar su fondo fascistoide, y cuyos costos para el país son absolutamente onerosos e insostenibles.

El gobierno de Hugo Chávez ha reforzado el carácter rentista de la economía venezolana y profundizado nuestra dependencia del negocio petrolero, ha fortalecido los nudos que nos atan a los grandes centros financieros nacionales e internacionales de cuyos créditos dependemos, ha quebrado el aparato productivo nacional y nos ha hecho más dependientes de las importaciones de todo tipo. En estas circunstancias, la crisis financiera y recesiva de la economía mundial hará sentir sus consecuencias sobre la economía nacional, poniendo al desnudo las enormes fragilidades de la misma y derrumbando todo el artificio del crecimiento económico de los últimos años, todo el espejismo de desarrollo y prosperidad que nos han vendido, y toda su capacidad para repartir migajas entre los más pobres. La recesión que afecta al sistema capitalista mundial ha provocado la caída vertiginosa de los precios del petróleo, reducirá aún más la demanda de nuestras materias primas provocando una merma mayor de la producción y precios de las mismas, hará más difícil el acceso al crédito y a las fuentes de financiamiento y reducirá la oferta de bienes y servicios disponibles en el mercado. Mientras nuestras exportaciones sufrirán un baja sensible en su demanda y precios, las importaciones registrarán una reducción en la oferta y un alza en sus precios.

Como puede observarse, el gobierno de Hugo Chávez ha engendrado las causas de nuestra crisis, sacrificando una extraordinaria oportunidad histórica para transformar nuestra economía rentista y dependiente en crecimiento con desarrollo sostenible y sustentable, con equidad y justicia social. Los embates de la crisis internacional no son entonces la causa fundamental de los problemas del país. Son, en todo caso, un agravante importante en medio de los desatinos y fracasos ya señalados, resultados de una década perdida en un proyecto que hoy se revela claramente como antinacional, antipopular y antidemocrático.

Los abundantes recursos existentes han sido dilapidados en el propósito perverso de imponerle al país un proyecto personalista y despótico, de corte autocrático y militarista, de pretensiones hegemónicas y totalitarias, que ha querido ser pasado de contrabando en nombre de la revolución y el socialismo. La promoción deliberada de un cuadro de polarización política de la sociedad, la manipulación ideológica y maniquea del carácter de la confrontación planteada, la intolerancia y la descalificación a priori de la crítica, la protesta o la disidencia; han servido de marco a la estigmatización, la persecución política y la criminalización de la protesta.

Sin embargo, 10 años de fracasos no son suficientes para las ambiciones de poder de Hugo Chávez. Tampoco lo son los 14 años que habrá de cumplir en febrero de 2013, cuando deba entregar el mando del gobierno (equivalentes a casi tres períodos constitucionales de la llamada 4ª República y cuatro años mayor que el tiempo que duró la última de las dictaduras en Venezuela).Su objetivo es concentrar todo el poder en sus manos y perpetuarse en la presidencia de la república, para lo cual necesita modificar la Constitución Nacional. Con este propósito intentó la Reforma Constitucional y trata ahora de imponer la Enmienda. Su talante antidemocrático y su desconocimiento de la soberanía popular se evidencian, una vez más, cuando aprueba el paquete de 46 decretos-leyes para imponer lo que ya había sido rechazado por el pueblo en el referéndum del 2D; cuando de manera arbitraria y cuasidelictiva enviste contra los gobernadores y alcaldes de aquellos estados y municipios en los que el chavismo no fue favorecido por el voto popular, despojándolos de sus competencias más importantes, reteniendo ilegalmente los recursos de sus presupuestos, ocupando algunas de sus instalaciones, obstaculizando su gestión o fraguando maniobras para desalojarlos de sus cargos; y, finalmente, cuando intenta por 2ª vez imponer su reelección indefinida contra toda constitucionalidad y legalidad.

Vanguardia Popular rechaza toda esta escalada autoritaria y despótica y exige que todas las energías, esfuerzos y recursos que se destinan a impulsar este conjunto de maniobras se reorienten a atacar los efectos más terribles de la crisis que se nos viene encima y a enfrentar las verdaderas causas que la engendraron. Denunciamos que la respuesta del gobierno frente a ésta es irresponsable y evasiva y que las medidas anunciadas hasta ahora son parciales e insustanciales. Es claro que quienes se emborracharon en la abundancia de los ingresos fiscales, quienes creyeron que el petróleo duraría toda la vida a $120 por barril, y que dispondrían eternamente de presupuestos anuales de alrededor de 200 billones de bolívares antiguos, sacrificaron una importante oportunidad histórica para corregir los males estructurales que secularmente ha padecido nuestra estructura económica y social y para brindarle al país un modelo de desarrollo basado en la reivindicación de la soberanía nacional, la democracia, el progreso y el bienestar social.

En tales circunstancias, advertimos acerca de los riesgos de que las medidas de recorte del gasto público y de ajuste fiscal, que inevitablemente tendrá que tomar el gobierno, se descarguen sobre los hombros de las grandes mayorías sociales del país y se traduzcan en más impuestos, más inflación, más empobrecimiento del valor de la moneda y del poder adquisitivo de los sueldos y salarios, más escasez de productos básicos, más arbitrariedad y autoritarismo. Existen otros caminos y otras medidas, de orientación patriótica y popular, de profundo contenido ético y de claro aliento social, que pueden reducir sensiblemente el impacto inmediato de la crisis, al tiempo que propenden a atacar de forma más eficaz el fondo de la misma, sin sacrificar al pueblo. En este sentido, Vanguardia Popular propone el siguiente Programa Mínimo:

1) Recortar drásticamente el gasto militar y la compra de armas para ubicarlos en $3.000 millones anuales. Esto es más que suficiente para garantizar el gasto operativo y el mantenimiento de la FAN y representa para el país un ahorro de $7.000 millones al año.

2) Reducir sustancialmente el gasto externo del país, acabar con la política demagógica de la regaladora de dinero y de promoción de proyectos faraónicos y rocambolescos. Estamos seguros de que acabando con el pago de Lobbies y el derroche publicitario del gobierno en el exterior, con el reparto indiscriminado y demagógico de "ayudas" a terceros países, y con la pretensión de desarrollar proyectos faraónicos e inviables, el país podrá ahorrar una cantidad no menor de $2.000 millones anuales.

3) Utilizar racional y transparentemente el superávit existente de reservas internacionales y otros fondos nacionales disponibles, para financiar básicamente planes de inversión y gasto social. Esto permitiría disponer en lo inmediato de unos $30.000 a $40.000 millones más para amortiguar la caída brusca de los ingresos petroleros y fiscales.

4) Impulsar un plan audaz de recompra de bonos de nuestra deuda pública, los cuales hoy se negocian en el mercado a menos de la mitad de su valor. Esto permitiría comprar baratos los Bonos Soberanos emitidos por la nación y reducir parcialmente el peso de nuestra deuda pública.

5) Reducir nuestras importaciones en forma gradual pero sostenida y promover el desarrollo efectivo de nuestro aparato industrial y agropecuario. Esto supone el otorgamiento de incentivos a la inversión productiva y la remuneración justa del trabajo. El país no puede seguir financiando, a través de las importaciones, la agricultura y la industria foráneas, mientras las nuestras van a la ruina como consecuencia de la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura de servicios, la falta de insumos y bienes de capital, la ausencia de estímulos y de reglas de juego claras para la inversión y el comercio de los productos.

6) Adelantar en forma consecuente y transparente un plan nacional de austeridad del Estado venezolano, orientado a eliminar o reducir, según sea el caso, el gasto superfluo, el derroche publicitario, los gastos de representación y la ostentación de riqueza. Dentro de este contexto, una importante señal sería la reducción sustancial de los sueldos y emolumentos de los altos funcionarios del Estado, cuyos groseros ingresos contrastan con los devaluados sueldos y salarios del venezolano común.

7) Combatir radicalmente la corrupción, la ineficacia, la ineficiencia y el derroche de recursos que desangran a la administración pública. Es necesario derrotar la impunidad que se ha instalado en el país con el silencio y la complicidad de las instituciones llamadas a enfrentar este flagelo. No tenemos dudas de que, más allá de las implicaciones éticas y morales que esto supone, la corrupción entraña hoy, dada su magnitud, importantes repercusiones económicas y financieras para el funcionamiento del Estado, el desarrollo de las políticas sociales y el costo de los proyectos de inversión.

8) Decretar la intervención de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y adelantar con urgencia un plan para la recuperación de sus empresas tuteladas. Esta medida, de alto interés nacional, tiene que ser presidida por una comisión nacional y no gubernamental, suficientemente plural e interdisciplinaria, altamente calificada desde el punto de vista ético y moral, técnico y gerencial, para presentarle al país un diagnóstico exhaustivo de su verdadera situación y un plan viable para su recuperación en el corto y mediano plazos.

9) Adelantar urgentemente una reforma tributaria orientada a eliminar todos los impuestos regresivos, tales como el IVA; a estimular y facilitar la inversión productiva y la generación de empleo digno y bien remunerado; a hacer más eficaz la recaudación del impuesto sobre la renta y otros; a eliminar la discrecionalidad, la evasión fiscal y otras formas de corrupción; a pechar a los grandes capitales, la ganancia excesiva, la ganancia súbita y el consumo suntuario; y otras medidas similares.

10) Resguardar y potenciar las principales políticas y programas sociales en desarrollo, los cuales no deben ser afectados por los planes de recorte del gasto público y/o de ajuste fiscal. En su lugar, es necesario garantizar el manejo transparente, eficiente y austero de todos los programas y proyectos que se adelantan y de todos los recursos que se emplean. Esto supone acabar con la discrecionalidad y el misterio que envuelve la asignación de presupuestos y la distribución y ejecución de los recursos; imponer una verdadera y eficiente contraloría social y legal; combatir la corrupción, la ineficacia, la ineficiencia y el derroche de recursos; y, finalmente, despojarlos de toda manipulación sectaria y excluyente, de toda práctica que reproduzca la vieja perversión de cambiar migajas por conciencia o por incondicionalidad.

11) Concertar un aumento general de sueldos y salarios del 40%, el incremento del salario mínimo nacional a BsF 1.500 mensuales y la discusión y firma de las convenciones colectivas de condiciones de trabajo pendientes. Todo esto, como parte de los esfuerzos orientados a compensar la caída del poder adquisitivo de aquéllos a causa de la inflación, como una medida de justicia social hacia los trabajadores y el pueblo en general, y como un factor de estímulo a la demanda interna y a la reanimación del aparato productivo nacional.

Todas estas medidas son perfectamente factibles y se complementan y refuerzan entre sí. De conjunto suponen, más que un plan de recorte del gasto público o de ajuste fiscal, una política de austeridad, de reorientación radical del gasto público, de eficiencia y transparencia en la administración de los dineros de la nación. Su implementación demanda un gran acuerdo nacional y un clima político que favorezca el consenso y los compromisos de todos los sectores involucrados (gobierno nacional y demás instituciones del Estado, sector empresarial y laboral, academias y universidades, medios de comunicación públicos y privados, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.), para que la pugnacidad y la polarización políticas den paso a la concertación de esfuerzos, y para que todas las voluntades y recursos disponibles se aboquen a atacar los graves problemas derivados de la crisis y a superar las causas de fondo que la han engendrado.

El gobierno nacional tiene la palabra. A él corresponde dar los primeros pasos y enviar las primeras señales. Todas aquellas acciones que claramente generan o estimulan el clima de confrontación y de polarización existente, el desconocimiento de la soberanía popular, la violación de la Constitución y leyes de la república, el cercenamiento de las libertades democráticas y los derechos del pueblo; deben cesar. De acuerdo con esto, Vanguardia Popular demanda del gobierno nacional:

1) Retiro inmediato de su propuesta de Enmienda Constitucional, cuyo único propósito es atornillar a Hugo Chávez en la presidencia de la república, exacerbando el clima de confrontación y polarización e imponiendo nuevas erogaciones milmillonarias al Estado venezolano.

2) Cese de la actitud intolerante, arbitraria y hostil hacia aquellos gobernadores y alcaldes recién electos y que no son afectos al presidente y su partido. Respeto pleno de sus competencias, garantías para la entrega de los recursos presupuestarios, colaboración y coordinación interinstitucional para atacar graves problemas como los de la inseguridad, vialidad, servicios públicos, vivienda y otros.

3) Libertad para los presos políticos, cese a las persecuciones y regreso de los exiliados.

Finalmente, hacemos un llamado al pueblo venezolano, a todas las fuerzas democráticas, patrióticas y populares del país, más allá de los partidos y de la oposición misma, para que unamos nuestros esfuerzos en función de enfrentar los graves peligros que acechan a la nación, para que le salgamos al paso a cualquier intento por imponer a perpetuidad el despotismo y la autocracia militarista, para evitar que eventuales medidas económicas antipopulares conviertan a las mayorías sociales empobrecidas en víctimas inocentes de la crisis nacional e internacional, y para que convirtamos estas propuestas en banderas de lucha a favor de la soberanía nacional, la democracia, el progreso y el bienestar social. En definitiva, no se trata sólo de derrotar el proyecto y las pretensiones del chavismo. Se trata, sobre todo, de superarlo ética, política y socialmente, para dar respuesta positiva a las demandas de cambios y transformaciones que objetivamente requiere el país, que se han hecho conciencia y reclamo popular y que han sido frustradas por la estafa chavista. ¡NO a la Enmienda Constitucional!

¡NO a la reelección indefinida!

¡NO a las políticas económicas hambreadoras!