Las Empresas Mixtas: Un regalo del Gobierno Revolucionario al Imperio

Por: Eudes Vera

Ofrecemos nuestras disculpas a los amables lectores por publicar este artículo con posterioridad a la aprobación por la Asamblea Nacional del modelo de contrato de Empresas Mixtas. Hubiéramos deseado hacerlo antes, dado el gran daño para el país que representa este invento diabólico del imperialismo como lo son las Empresas Mixtas, diseñado para ponerle mano a nuestro petróleo sin disparar un tiro e iniciar la privatización de PDVSA. Sin embargo, una gripe fulminante nos lo impidió. La premura y sincronización con que se aprobó el modelo de contrato de migración de los Convenios Operativos a Empresas Mixtas probablemente constituya un récord mundial, digno del Libro de Guinness. En efecto, el Ministro-Presidente de PDVSA ya había declarado recientemente que para el 1º de abril de este año entrarán en vigencia, con la bendición de la Asamblea Nacional las Empresas Mixtas, mediante las cuales 19 transnacionales, en una demostración de magnanimidad suprema del gobierno revolucionario, se convierten en socias de Petróleos de Venezuela. Ya el Ejecutivo Nacional había pedido al poder legislativo que se declarara en emergencia legislativa y se aprobara dicho modelo para el 30 de marzo pasado, ya que para el siguiente día estaba prevista por el Ejecutivo la firma del modelo de contrato en cadena nacional entre el Presidente y su Ministro de Energía y los representantes de las Transnacionales. Lamentablemente nuestros diputados, persuadidos de la infalibilidad de nuestro Presidente, no osaron contradecirle y sin que mediara una discusión abierta con todos lo sectores del país, sin que se hubiesen discutido en un debate nacional todos los pro y los contra de semejante despropósito, como lo requiere la trascendencia de la materia en cuestión, procedieron a darle el aval a un proyecto que no dudamos en calificar como contrario a los intereses superiores del país y del pueblo venezolano.

Ciertamente, una materia de tan graves consecuencias para los venezolanos no debió restringirse al reducido ámbito de la Asamblea Nacional, pues los actuales diputados sólo representan a lo sumo un 25% de la población votante del país. Si hubiera habido más respeto para el pueblo, se le habría convocado a un referéndum consultivo para que éste decidiera si estaba de acuerdo o no con la entrega de nuestros recursos petroleros a las transnacionales. O al menos, se debió llevar a cabo un gran debate nacional en que tuviera participación no solamente el Ministro-Presidente de PDVSA sino también todas las personas que han expresado su desacuerdo con tal absurda política.

En lo que respecta a nuestra Asociación Civil Defensores del bolívar, solicitamos el 7 de marzo pasado, conjuntamente con el Frente de Factores Revolucionarios Petroleros y el Frente Social Energético 21D, un derecho de palabra ante la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional para exponer las razones por las cuales la Asamblea Nacional debía rechazar las empresas mixtas para explotar el petróleo venezolano. Esa solicitud, jamás fue atendida, en franco desacato de los artículos 51 y 211 de la Constitución. Igualmente y con la misma motivación, a nombre de nuestra asociación civil, en fecha 26/03/2006, solicitamos una entrevista en cualquiera de los programas de opinión de Venezolana de Televisión, mediante carta dirigida al Presidente del canal, Lic. Jesús Romero Anselmi, con resultados infructuosos pues tampoco fue respondida esa solicitud, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto en Venezuela el canal del Estado está disponible para la participación de los ciudadanos de a pié.

En este artículo expondremos en forma resumida las razones y argumentos que no se nos permitió exponer en el seno de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, ni tampoco en el llamado canal de la participación popular, Venezolana de Televisión.

Existe una serie de razones por las cuales la Asamblea Nacional debió decir No al establecimiento de Empresas Mixtas para la explotación de nuestro petróleo. Las razones son de diversa índole, entre las cuales podemos señalar razones constitucionales, de soberanía, geopolíticas y estratégicas, éticas, económicas, pero quizás la más importante a nuestro juicio es que el país no necesita ni tiene urgencia de explotar ahora el petróleo de los 32 campos que venían siendo explotados por empresas transnacionales bajo la figura de Convenios Operativos. Esos campos aportan una producción de 500.000 b/d, lo que equivale a unos 7000 millones de dólares de aporte fiscal teórico en el mejor de los casos.

Pero, como pondremos de manifiesto más adelante, el país puede prescindir de este ingreso si el Gobierno se aboca con carácter prioritario y de urgencia al aumento del aporte fiscal de PDVSA. La relación Aporte Fiscal/Costos de PDVSA para el año 2005 fue de 22,77/60,23 (o en porcentaje: 27,43%/72,57%). Sin embargo, en 1981 la relación fue prácticamente la inversa de la del 2005, es decir: 13,90/5,80 (o en porcentaje: 70,56%/29,44%).

Si la política petrolera del gobierno se hubiera impuesto como prioridad, en lugar de explotar los 32 campos, llevar el aporte fiscal de PDVSA a los niveles de 1981,por ejemplo, para obtener una relación aporte fiscal/costos del orden del 70%/30%, ello habría significado hipotéticamente para el 2005 que el aporte fiscal de PDVSA hubiera sido de 58,10 millardos de dólares y no el que realmente hubo (22,77 millardos de dólares). En otras palabras, si la relación Aporte Fiscal/Costos de PDVSA fuera del 70%/30%, el aporte fiscal de nuestra principal industria habría aumentado en 35, 33 millardos de dólares (o en un 155%), lo cual haría perfectamente prescindible los 7 millardos de dólares que dejarían de ingresarle al país si no se explotaran los 32 campos.

La conclusión es entonces que el país no necesita explotar esos 32 campos, por ahora, y por lo tanto las empresas mixtas constituidas para este fin tampoco serían necesarias, siempre y cuando el gobierno obligue a nuestra principal industria a recuperar la eficiencia fiscal que ya una vez logró en 1981. Ésa debiera ser la verdadera prioridad del gobierno: el aumento en más de un 100% del aporte fiscal de PDVSA, sin necesidad de aumentar la producción, sino más bien reducirla en 500.000 barriles.

La importancia de esta prioridad se pone de manifiesto si comparamos el aporte fiscal hipotético de PDVSA en el 2005 (58,10 Millardos de dólares) con los presupuestos de Gastos Totales del país para los años 2005 y 2006 (32,25 y 40, 47 Millardos de dólares, respectivamente) , de donde se desprende que si PDVSA hubiera aportado al fisco para el año 2005 un porcentaje de sus ingresos brutos similar al de 1981, todos los gastos del país presupuestados para el año 2005 se habrían cubierto en demasía ¡sólo con el aporte fiscal de PDVSA! Es claro, entonces que la prioridad A1 del país debe ser obligar a PDVSA a que retorne a los niveles porcentuales de aporte fiscal que ya obtuvo en 1981. No es prioritario en absoluto el establecimiento de empresas mixtas para explotar los 32 campos que le fueron entregados a partir del 1º de abril de 2006 a las transnacionales.

¿Y que pasará con el petróleo que se deje de explotar de esos 32 campos? Simplemente se deja como una reserva para el usufructo de las generaciones futuras y para coadyuvar a la integración y desarrollo de Venezuela y de los países latinoamericanos hermanos.

¿Y como obligar a PDVSA a que retorne a la eficiencia fiscal del año 81? En primer lugar, efectuando una supervisión más efectiva de la industria de parte del Ministerio de Energía y Petróleo (Y también haciendo que la Contraloría General de la República lleve a cabo auditorías más estrictas de la Industria). Lo primero que habría que hacer el gobierno en este sentido es designar personas diferentes para ocupar los cargos de Presidente de PDVSA y Ministro de Energía y Petróleo. Es una aberración que el supervisor y el supervisado sean la misma persona. Es como poner zamuro a cuidar carne. Lo segundo que habría que hacer es que la Asamblea Nacional proceda con carácter de urgencia a modificar la Ley de Hidrocarburos, de tal manera que en lo sucesivo el aporte fiscal de PDVSA no se mida en términos de Regalía, Impuesto Sobre la Renta y Dividendos. Esos son conceptos que tal vez sean aplicables a empresas privadas como las transnacionales, pero que no se justifican para el caso de PDVSA, que es una empresa pública, del Estado venezolano. Por tanto, el objetivo fundamental de PDVSA como operadora al servicio de su dueño, el Estado Venezolano, debe ser explotar el recurso petrolero para producir la mayor eficiencia fiscal posible. En consecuencia, la Asamblea Nacional debe legislar para que el aporte fiscal de PDVSA se calcule simplemente como la diferencia entre los Ingresos Brutos de la Empresa y sus costos de operación.

La tercera medida a aplicar consiste en acabar con la discrecionalidad absoluta con que PDVSA maneja los ingresos petroleros y obligarla a reducir sus gastos operativos a los estrictamente relacionados con las operaciones de extracción, transporte, refinación y mercadeo del petróleo. Las inversiones que requiere hacer la empresa para modernización de equipos, expansión, etc. deben ser cubiertas por el Estado mediante partidas destinadas a tal fin y previstas en la Ley de Presupuesto cada año. A tal efecto, la corporación debe presentar cada año sus proyectos de gastos e inversión y someterlos a la consideración del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Asamblea Nacional, a los fines de que el Estado reserve los fondos correspondientes en la Ley de Presupuesto.

Se debe prohibir a la empresa que se siga endeudando en el exterior. Cualquier necesidad de inversión y endeudamiento debe estar plenamente justificada mediante el presupuesto respectivo que debe presentar la empresa al MEP y a la AN para su aprobación.

Ahora bien, ¿Cuáles son los gastos de PDVSA que actualmente inciden sobre el bajo aporte fiscal de la empresa?

Uno de los subsidios más importantes es el que PDVSA le hace a CITGO. Mediante el contrato de adquisición de CITGO, heredado de la Cuarta República y que este gobierno revolucionario se ha empeñado en mantener, PDVSA tiene la obligación de importar casi un millón de barriles diarios de petróleo liviano sin azufre y vendérselo a CITGO con descuento de hasta 6 dólares por barril, petróleo que es utilizado para alimentar la mayor parte de las refinerías de CITGO pues éstas no pueden procesar el petróleo venezolano. De esta manera, Venezuela subsidia a los consumidores de gasolina norteamericanos que así disfrutan de una gasolina relativamente barata a expensas del erario público venezolano. El monto del subsidio está en el orden de los 1000 millones de dólares anuales. Los Defensores del bolívar proponemos tres posibles salidas a esta sangría inaceptable de recursos que se le sustraen a nuestro pueblo. He aquí las alternativas que proponemos:

1. Vender en el mercado internacional todas las refinerías de CITGO que no procesan crudo venezolano.2. Ofrecer dichas refinerías a los obreros norteamericanos que laboran en CITGO dándole facilidades de pago.3. Utilizar el proceso químico conocido como hydrocrack que permite obtener petróleo liviano sin azufre a partir de petróleo pesado. De esa manera se podría utilizar el petróleo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco para alimentar, previo procesamiento, las refinerías de CITGO que actualmente alimentamos con petróleo importado. Si no es posible llegar a un acuerdo con las compañías dueñas de la patente de hydrocrack, entonces se debe encargar a INTEVEP para que desarrolle dicha tecnología en conjunto con las Universidades Nacionales. Si fuimos capaces de inventar la Orimulsión (hoy condenada a muerte por el actual gobierno), también debemos ser capaces de desarrollar la tecnología del hydrocrack.

Otros gastos en que no debe incurrir PDVSA o reducirse a su mínima expresión son el pago de comisiones, los gastos en publicidad y propaganda, las donaciones discrecionales y los gastos en exploración petrolera y de gas. Como se sabe, las empresas transnacionales desistieron hace varios años ya de efectuar exploraciones para la búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos por considerarlas demasiado onerosas y poco rentables. Al parecer, el Imperio trazó como directiva que la exploración para localizar hidrocarburos corriera por cuenta de los países productores. Las transnacionales se dedicarían entonces al lomito del negocio que no es otro que la explotación de campos ya operativos, preferiblemente mediante nuevas concesiones o a través de la figura de las empresas mixtas. En esta línea imperial se inscribe al parecer la entrega por este gobierno del rico yacimiento de Tomoporo a la transnacional REPSOL, quien ahora, gracias a las empresas mixtas aprobadas por nuestra Asamblea Nacional, pasa a ser codueña de ese campo.

Con relación a los aportes que ha venido haciendo PDVSA a las misiones o a los fondos como FONDEN y FONDESPA, hemos sugerido que esa función la cumpla el propio Ministerio de Energía y Petróleo o en su defecto, un ministerio o instituto autónomo ad hoc. Por supuesto que tales aportes deben ser presupuestados cada año y sometidos a la aprobación previa del MEP y de la AN.

Existen también razones de orden económico que desaconsejan el establecimiento de empresas mixtas para explotar nuestro petróleo. En efecto, suponiendo que las transnacionales jueguen limpio y reporten como costo de producción de un barril de petróleo lo mismo que le costaría a PDVSA si ésta fuera la operadora única (4 dólares), hemos calculado el aporte fiscal para los siguientes casos:

1. Empresas Mixtas, con una participación accionaria de las transnacionales del 49%
2. PDVSA como operadora únicaLos resultados se muestran en la siguiente Figura.

Los cálculos se hicieron en base a una producción de 500.000 barriles diarios y para un valor de mercado de 45 dólares para el barril de petróleo.

Claramente observamos que las empresas mixtas son un mal negocio para Venezuela si comparamos su aporte fiscal anual (6,25 millardos de dólares) con el correspondiente a PDVSA (7,48 millardos de dólares) si ésta fungiera como operadora única de los 32 campos.

También existen razones de soberanía por las cuales la Asamblea Nacional debió decirle NO a las Empresas Mixtas:

* Las transnacionales pasan a ser dueñas de hasta el 49% de los activos de los 19 campos petroleros durante un lapso de 20 años renovable por otros 20 años más.
* En ese lapso la voracidad de las transnacionales imperiales habrá acabado con nuestro petróleo y consumado la privatización total de PDVSA
* Esos campos petroleros son de carácter estratégico para nuestro país. No debemos enajenar recursos estratégicos de la nación
* Las empresas mixtas producirán una transferencia masiva de capitales hacia el exterior, como lo demuestra la siguiente Figura que da las ganancias de las transnacionales. Estas impresas invertirán en el país en el primer año una suma inferior a los 16 millardos de bolívares (7,44 millones de dólares), pero en ese primer año habrán cosechado una ganancia neta no menor a 1230 millones de dólares y en los 20 años de duración del contrato habrán transferido al exterior la bicoca de 24.590 millones de dólares! Si PDVSA explotara los 32 campos como operadora única esos 24.590 millones de dólares ingresarían al fisco en lugar de salir del país.

También existen razones geopolíticas y estratégicas que señalan que es un grave error poner el petróleo de los 32 campos en las manos de las transnacionales:

* Utilizar Empresas Mixtas para explotar nuestro petróleo implica que el Estado venezolano debe entregarle a las transnacionales informaciones geológicas y geofísicas de carácter estratégico.
* No debemos olvidar que muchas de estas transnacionales que ahora estamos premiando al elevarle su estatus al convertirlas en nuestras socias fueron las mismas que se plegaron al paro petrolero del 2003. Darle el acceso y copropiedad de nuestros campos equivale a abrirle la puerta al enemigo. Además, en el caso de un conflicto con el Imperio, la mayoría de esas transnacionales actuará como quinta columna contra los intereses de Venezuela.

Y como si fueran pocas, a las anteriores razones se suman las razones de orden constitucional que al parecer nuestros diputados ignoraron cuando unánimemente aprobaron las empresas mixtas:

El artículo 12 de la Constitución por ejemplo establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio nacional son inalienables. Al aceptar como socias a las transnacionales, PDVSA está enajenando el petróleo de los 32 campos, pues éstas pasan a ser copropietarias de ese recurso durante los próximos 20 años. La creación de Empresas Mixtas para explotar nuestro petróleo también vulnera el artículo 302 que reserva al Estado la explotación del recurso petrolero.

Finalmente, y no menos importantes, están las razones de carácter ético que debieron privar para que nuestros diputados asambleístas rechazaran las empresas mixtas:

Las Transnacionales a las cuales PDVSA se asociará en Empresas Mixtas son en su mayoría las mismas que han venido operando los 32 campos bajo la figura de los Convenios Operativos y que por confesión del propio Ministro-Presidente han venido año tras año estafando al Fisco Nacional con el abultamiento doloso de los costos de producción, los cuales les fueron reconocidos por PDVSA. Por lo tanto asociarnos con esas transnacionales en Empresas Mixtas equivale a asociarnos con pillos a quienes estaríamos recompensando por los fraudes que cometieron en perjuicio de los intereses de la República. Eso nos convierte automáticamente en cómplices y alcahuetes de empresas delincuentes.

Conclusión

Hemos presentado un resumen de las razones que a nuestro juicio debieron privar para que los diputados en la Asamblea Nacional rechazaran la implantación de Empresas Mixtas en Venezuela para la explotación de nuestro petróleo. Tratamos por todos los medios de hacer llegar esta información a nuestros diputados para que tuvieran más elementos de juicio y no exclusivamente los del Ministro-Presidente, a los fines de que votaran en forma consciente. Sin embargo, no fue posible, debido a la poca receptividad del Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Diputado Ángel Rodríguez, y de Venezolana de Televisión.

Nos resultó patético y deprimente contemplar el Viernes pasado en cadena nacional al Presidente de la República feliz firmando los nuevos acuerdos con su Ministro de Energía y los representantes de las transnacionales imperiales, las mismas transnacionales que han venido expoliando nuestro petróleo y defraudando el fisco nacional a través de los convenios operativos. Por cierto que el Presidente no perdió la oportunidad para atacar al imperio con su proverbial vehemencia, olvidando que las transnacionales que firmaron esa noche los acuerdos de migración son en su mayoría las representantes directas de ese imperio. Mr. Bush debió haber sonreído con satisfacción: Ya no será necesario invadir a Venezuela para adueñarse de su petróleo. Ya la revolución bonita le construyó la cabeza de puente al imperio en nuestro país: las empresas mixtas.

Eudes VeraIngeniero ElectricistaVicepresidente Asociación Civil Defensores del bolívar
eudesvera@cantv.net