Reforma constitucional: globalización, disciplina y estatización

Por Rafael Uzcátegui
rafaeluzcategui@hotmail.com

Intentar realizar un cambio por medios constitucionales es consecuencia de pensar al Estado como instrumento, mediante el cual se pueden alcanzar ciertos objetivos. Esta perspectiva constitucional aísla al Estado de su propio contexto. Lo que el Estado hace y lo que el Estado es, en realidad, está condicionado por el hecho de ser un punto en una red de relaciones sociales. Esa trama, del cual el Estado es uno de los nodos medulares, se estructura de la manera en la cual su modelo productivo se organiza. Para Venezuela es la exportación barata de energía, sintetizada bajo el nombre de "socialismo petrolero", según la reciente categorización efectuada por el primer mandatario.

Recapitulemos. Tras el final de la Guerra Fría comenzó un período caracterizado por la interdependencia multilateral creciente entre los diversos Estados nacionales, proceso conocido como globalización económica: un planeta, un mercado. Los Estados-nación tejen una abigarrada red de intereses y negociaciones, articuladas en geometrías diferentes según cada tema. La noción de imperialismo se sustituye por la de imperio, en la que una nueva lógica de dominio, el flujo planetario de capital, une a la serie de organismos nacionales y supranacionales que forman la actual soberanía global, caracterizada por la pluralidad de fuentes de autoridad.

No fue casualidad que a comienzos de los 90´s, cuando apenas comenzaba a vislumbrarse esta condición multipolar, la izquierda latinoamericana, perpleja por la caída del Muro de Berlín, configure su discurso casi exclusivamente en contra del neoliberalismo y en defensa de los Estados nacionales. Como huída hacia delante y retorno a sus pretensiones estadocéntricas, reinventa su estrategia de privilegiar la toma del poder estatal para producir el cambio oxigenándose dentro del discurso altermundista. Pero este entendimiento simplista acerca de la globalización, la mera sustitución de los Estados por multinacionales manipuladas desde un centro, no comprendía las propias mutaciones y reacomodos de los propios Estados. De antiguos sujetos soberanos pasaron a convertirse en actores estratégicos, fomentando la productividad y competitividad de sus propias economías en sintonía con los flujos económicos globales. El Estado nunca se ha visto amenazado de desaparecer como práctica histórica. Cedieron, sí, parte de su soberanía para establecer mecanismos de gobernabilidad supranacionales y subregionales, pero continúan siendo esenciales para asegurar la productividad de las unidades económicas localizadas en su territorio. Los Estados-nación regulan, facilitan o bloquean los movimientos de capital, trabajo e información, disciplinando a sus poblaciones para cumplir con los compromisos surgidos de su rol en la economía planetaria.

Pdvsa es de todos (casi)
El 27 de febrero de 1989 constituyó una línea de fuga para la reestructuración mundial del poder. La erupción de pasiones e irracionalidad enfrentada a la naciente arquitectura de la libre circulación del capital. La necesidad de la relegitimación sistémica tenía como precondición, claramente expresada en el llamado Consenso de Washington, la gobernabilidad. Una nueva forma de subordinación disciplinada debía difundirse por el entramado social e internalizarse por los ciudadanos: el devenido socialismo petrolero, el populismo chavista realmente existente. Mistificada por un discurso izquierdista, la Constitución de 1999 acopla el territorio venezolano con las exigencias del momento, otorgándole a la inversión extranjera las mismas condiciones que el capital nacional en su artículo 301. Esta normativa revertía definitivamente el proceso de nacionalización petrolera de 1974. El resto de los 349 artículos, incluyendo los magnificados acerca de los beneficios sociales, eran maquillaje de utilería. En la reforma propuesta se profundiza el modelo, otorgándole rango constitucional a las empresas mixtas, la figura jurídica por la cual las empresas extranjeras han devenido en socias del gobierno venezolano en la explotación energética. Al proveer de manera segura y confiable de recursos energéticos al mercado mundial, el Estado venezolano gotea los beneficios creados por su iniciativa empresarial. Este orden es a la vez una forma de producción, una forma de gobierno, un discurso y un estilo que recrea una determinada subjetividad.

Ficción constituyente
A estas alturas afirmar que la propuesta de reforma constitucional estatiza los canales de participación ciudadana es un lugar común. Diversos pronunciamientos de organizaciones de izquierda revolucionaria, al margen del bolivarianismo, y algunas expresiones del chavismo radical coinciden en el punto. Al distinguir entre poder constituyente y poder constituido, difieren en la génesis del fenómeno de recuperación. Una tendencia considera que la autodenominada "revolución bolivariana" ha sido una serie de hechos constituyentes que han constituido un poder "popular" cuya figura visible es el Presidente Chávez. Según esta teorización, la reforma constitucional sería una estrategia de diversos factores de la naciente institucionalización para secuestrar el proceso iniciado en 1999. Ante esa situación, argumentan, sólo cabría una rebelión para convocar, de nuevo, una asamblea constituyente que "recuerde" al primer mandatario por donde deberían ir las cosas. Esta "revolución dentro la revolución" –para usar sus propios términos- es tan fantasiosa como imposible. En principio porque esta dicotomía mítica y nítida entre el "poder popular" y el poder político no existe. Y segundo, porque su razonamiento parte de una exaltación acrítica de las propias organizaciones sociales chavistas, sucedáneo de las certezas sobre la vieja dictadura del proletariado que subyacen en el imaginario bolivariano.

La cooptación del movimiento popular no comienza con la aprobación de la reforma constitucional. El desmantelamiento del tejido insurgente de base, en cambio, se inicia cuando un candidato presidencial logró capitalizar a su favor el descontento catalizado tras el Caracazo. Al ganar las elecciones en 1998, se inicia un proceso dialéctico de simbiosis entre el nuevo gobierno y las organizaciones sociales. Por una parte la nueva burocracia transformó activistas en funcionarios, decapitando liderazgos locales ante la ausencia de relevos generacionales. En otra dimensión, parte de los propios movimientos abogó activamente por ser reconocido e integrado en la política de subsidios estatales, negociando leyes para reglamentar su legitimidad y acceso a los recursos. La integración fue tanto económica como discursiva. Al utilizar su retórica, vacía de significado, el gobierno pudo ganar a su favor buena parte de las organizaciones sociales que lo precedieron, imponiéndoles su propia agenda política y electoralizando su calendario de movilizaciones. La polarización política hizo el resto. La implosión y fragmentación de las organizaciones barriales, sindicales, ambientalistas, estudiantiles, de mujeres y contraculturales era una condición para imponer una nueva gobernabilidad y la paz social.

La autonomía beligerante de las bases chavistas fue reiteradamente erosionada por la imposición sucesiva de modelos de organización decretados desde arriba, no resultantes de las luchas y experiencias concretas de la gente. Tal efervescencia obnubiló a entusiastas del "empoderamiento popular", quienes pasaron a difundir una percepción sesgada de su dinámica empírica. Círculos bolivarianos, fundos zamoranos, consejos comunales, cooperativas, comités de tierra urbana, medios comunitarios, cultivos hidropónicos y gallineros verticales se fundaron, en gran parte, como extensión de la oferta política, institucional y simbólica del Estado. Volviendo sobre los términos: siendo creaciones del poder constituido. Como ha sido desarrollado por otros, y los hechos reiteran, la amplia base de apoyo al primer mandatario no construye su identidad en torno al socialismo, sino en torno a la figura del Presidente. No son revolucionarios, son chavistas. Las consecuencias son diversas, entre ellas la ausencia de lazos de solidaridad horizontales y la presencia de todas las perversiones jerárquicas, individualistas y competitivas de la cultura imperante.

La hipotética reforma de la carta magna representa, en efecto, un momento de inflexión del modelo chavista de dominación. Pero a su vez, no significa una ruptura con la evolución de las políticas delineadas en los últimos años. Constitucionaliza y legitima una serie de prácticas conocidas, entre ellas, el encasillamiento y subordinación del movimiento popular. Para ello, no debemos olvidarlo, usando los recursos económicos producidos por una de las mayores bonanzas petroleras de los últimos 30 años. Cualquiera que se tome la molestia podría descubrir, hurgando en la historia venezolana, la coincidencia de los ciclos de estabilidad y revuelta social con los de abundancia y crisis económica. Pero este ya es tema para otro artículo.