Asociación Civil Bolivariana "Defensores del bolívar"

lunes, noviembre 10, 2008

En Venezuela no Existen Servicios Públicos

Por Manuel C. Martínez M.
07 nov. 08


Veámoslo así: usted acude a un centro hospitalario cualquiera, pongamos por caso uno de esos que no son burocráticos sino comerciales y lucrativos.


Por grave que sea su emergencia, ese centro sólo le dará ingreso como paciente si usted demuestra que puede pagar por adelantado sus servicios recibidos, que se halla solventemente asegurado con una compañía de probada responsabilidad o que tiene personal cuenta corriente bancaria o ahorros de igual naturaleza patrimonial y disponibles perfecta y previamente conformables.


Si el caso es el de un centro hospitalario burocrático, conocido eufemísticamente como Hospital Público, entonces allí le exigirán una carta de recomendación de un amigo “pesado”, o en su defecto ser amiguísimo aunque sea del portero de guardia.


Son formas sucedáneas de pago de contado en esos centros burocráticos. En su cartera usted deberá cargar referencias de su vecino quien es un empleado burocrático. Cargará el amiguismo político, la palanca, la amistad coyuntural, etc. Todas estas variantes son también formas de pago que quien no las posea ni disponga inmediatamente de ellas tampoco será ingresado para prestarle el tratamiento correspondiente, así se esté muriendo.


Esta privatividad imperante en los mal llamados Servicios Públicos Hospitalarios rige también para todo tipo de servicios prestados dentro de sus variadas competencias gubernamentales.
Es más, de da el caso de organismos recién inaugurados que pueden prestar servicios gratuitos y oportunos, pero sólo resultan servicios gratis y oportunos con una finalidad expresamente promocional, como lo hacen las compañías privadas incipientemente penetradoras del mercado que les interesa.


Digamos que la maquinaria burocrática de todos los organismos más temprano que tarde hace suyo, privatiza, digamos, esos servicios y con mucho éxito le da por prestarlo al precio que ellos decidan. El soborno, la venalidad, la matraca y el amiguismo están inscritos fuertemente en la burocracia venezolana sin que ningún gobernante haya podido ni siquiera atenuar semejante flagelo nacional venezolano. Por el contrario, desde los mismos tiempos del proburgués Rafael Caldera en la Admón. “Pública” se atornillaron fuertemente todos los amiguitos políticos de su partido, los de A.D. y los de los demás y múltiples partidos políticos. Lo hicieron en estricta correspondencia numérica con sus cuotas de poder electoral.


De resultas, la inamovilidad laboral en los frentes burocráticos fue vendida como una gran reivindicación proletaria por parte del sindicalismo corrupto que se desarrolló en esta sociedad.
Por ejemplo, no dudamos de las buenas intenciones ministeriales. Un Ministerio seglar cualquiera decide montar un servicio público, y efectivamente como tal podría marchar los primeros días para todos los ciudadanos potencialmente usuarios, y hacerlo sin distingo de condición social de ninguna índole. Pero, cual virulencia contaminante, ese mismo personal responderá inconscientemente a dar prioridad a sus amiguitos de vecindad, de parranda, de estudios compartidos en años de coescolaridad, etc. Tenderá a dar preferencia a sus vecinos y amigos, a los familiares del gobernador, de Dn. Fulano o de Dn. Zutano o Mengano, porque sencillamente el venezolano aún no desarrolla para sí el verdadero sentimiento de funcionariedad púbica o colectiva.


Nuestros funcionarios “públicos” respiran aires clasistas, tienden a ser privatistas, exclusivistas y excluyentitas. De manera que el carácter privado recorre toda la administración “Pública” nacional, a tal punto que ha convertido los llamados “servicios públicos” en fuentes de ingresos extras de su personal bien mal pagado en sus segmentos medios y bajos.


Y este personal, indolente por demás, termina recibiendo prestaciones sociales, jubilaciones y demás prebendas como si se tratara de algún ejemplar funcionario Público, que no lo es ni lo fue ya que trabajó afanosamente en un organismo nominalmente público pero con funcionalidad privada.