El Caracazo, ¿un demagógico saludo a la bandera? Depuración del Poder Judicial, ¿quiénes lo harían?

Por Manuel C. Martínez M.
01 mar. 09

Ha sido costumbre, corrupta y característica de los gobiernos anteriores y del actual, tener como defensores legales y públicos tanto en lo administrativo como en lo penal a unos profesionales, con nombramientos oficiales y específicos, que no pudieran escapar de la mediocridad que acompañó siempre la contrata proselitista y carnetiana del Puntofijismo (Con todos los partidos políticos incluidos). Sobre todo en materia de gerencia y asesoría jurídica, de fiscalía y de contralorías.

En esas circunstancias, se puede decir que el Estado venezolano no sólo ha desaplicado la justicia ni sólo ha prevaricado y despilfarrado fondos públicos en unas nóminas juridicoparasitarias, sino que, por su pésimo ejercicio, todos los juicios en contra del Estado fueron irremediablemente ganados por sus demandantes, aun en los casos donde no les asistió razón jurídica alguna.

No se ignora que la mayoría de esos asesores jurídicos venezolanos negociaron sus casos públicos con la otra parte, por aquello de ¿cuánto hay pa' eso?, o por la sencilla razón de que entre compañeritos de partido todo se sometía a arreglos con cargo a la cenicienta del Erario Público (Público siempre tradujo para los puntofijistas: propiedad de nadie), y en los casos donde el agraviado fue el Estado, y a este le asistía toda la razón del mundo, también se perdieron todos esos juicios, y, además, se tuvo que indemnizar a quienes ya le habían causado daño al Patrimonio Nacional, digamos que de demandados se trastrocaban en demandantes por la ineptitud o complacencia de esos defensores, procuradores, fiscales y contralores públicos.

Es que el Estado curiosamente sólo gana los casos injustos contra sus débiles enemigos políticos. A más de 20 años y desde antes del Caracazo, todavía existen numerosos casos de demandas contra injusticias cometidas por el este Estado, incoados por ciudadanos sin poder económico, por concepto de genocidios y diversos daños materiales que las autoridades de turno cometieron o alcahuetearon contra ciudadanos que en su oportunidad protestaron otras injusticias o se negaron a bajar la cerviz ante las inicuas e inmorales condiciones que solían imponer los jerarcas de turno desde las mismas sedes de las secretarías de esos partidos políticos, o alzaron su justificada voz de disidencia.

Forma parte intrínseca de la DEUDA SOCIAL esas justas y pendientes indemnizaciones por crímenes cometidos por los ex Presidentes de este país, o por sus Ministros y demás autoridades de entonces. En este aspecto, nuestro estimado Presidente se ha quedado corto (o su entorno íntimo no se lo ha hecho ver o se lo ha impedido).

Esa conducta judicial de la burocracia jurídica nacional formó y sigue formando parte inseparable de una Política de Estado dirigida a tener lo peor de nuestros profesionales y técnicos, subpagados y humillados, mientras la empresa privada ha secuestrado para sí lo mejorcito de nuestra mano de obra tecnocientífica y profesional.

Secuela de esa Política la mantenemos actualmente, con una Fiscalía y Defensoría del Pueblo y Contraloría General a las que no le vemos el arrojo y capacidad técnica para llevar la ofensiva en materia judicial, y que nos vienen luciendo como incapaces para presentar una defensa suficientemente amplia, taxativa y predotada del argumentaje propio de todo buen jurista, de todo buen defensor público.

Esto lo traigo a colación porque seguimos en las mismas. No hay manera de que veamos a ninguno de nuestros abogados metidos fogosa y eficazmente en las lides judiciales, con la arremetida profesional que dé al traste con los alegatos y argucias de esos abogados prestados a la conspiración y a la oposición, porque, si a ver vamos, debemos admitir que no todos los buenos profesionales y técnicos fueron contratados por la empresa privada, contratados, decimos, por unos patrones a los que primero hay que mostrárseles serviles. Tampoco no todos los profesionales empleados en la Admón. Pública pudieron ejercer como tales, buenos profesionales, ya que (debe también reconocerse) esos buenos profesionales siempre fueron marginados, y jamás ascendieron con rangos administrativos ni de investigación, porque, sencillamente, a los cargos direccionales suelen llegar los más connotados adulantes y tartufos liderzuelos de aquel nefasto Puntofijismo, sin importar para nada las credenciales de meritocracia. Un Puntofijismo que después de 10 años y a 20 años de El Caracazo sobrevive y amenaza con resucitaciones.

Recientemente se conoció de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su deseo por abrogar total o parcialmente la Ley de tierras, según la cual, habría que seguirles juicios onerosísimos y macroindemnizaciones a quienes hayan invadido ilegalmente tierras del Estado (cuestión que data desde la colonia, desde Gómez, desde Pérez Jiménez, etc.), y cuando esos invasores hayan invertido en ellas por concepto de obras de infraestructura. Lo más probable es que esos abogados de la conspiración, quienes se hallan en perfecto e incólume estado de ejercicio profesional, buscaron y siguieron con su vieja práctica abogacil. El Estado los contrata, las indemnizaciones serían sobrestimadas, etc., todo con cargo a un Erario Público, que por esa vía ve mermada sus disponibilidades para hospitales públicos, para las escuelas bolivarianas, para los créditos populares etc.

Aunque nos preguntamos: Dónde se hallan esos abogados, consideramos que a quienes aspiraron que el Estado les reconociera el valor de dichas bienhechurías debió interponérseles abogados con suficiente capacidad revolucionaria para que entonces les pasen su buena factura por el monto de los usufructos, de los usos y abusos gozados por dichos invasores durante todo el tiempo que sustentaron unas tierras indebidamente poseídas. Es cuestión de hacer las proyecciones calculatorias y numéricas correspondientes Por eso es que la vieja Ley de reforma Agraria y el IAN no reconocían ni un sólo bolívar a quien construía en terrenos ajenos y sin la correspondiente anuencia de sus verdaderos propietarios.

Si alguien posee indebidamente un bien útil, mueble o inmueble, y se limita a tenerlo ocioso, de todas maneras ese invasor goza del intangible valor de su tenencia que bien podría generarle prestigios, uso personal, facilidades sociales y financieras, etc., y esto es también perfectamente computable y cargable, a los efectos de la facturación que por uso indebido debería pasarle el Estado, en caso de que se consigan abogados dispuestos a ponerles también el cascabel a los gatos del latifundista venezolano, a quienes han usado las armas del Estado para masacrar ciudadanos humildes y a sus colaboradores privados. Por el contrario, mucho tememos porque el Estado ahora use la masacre y a las víctimas de El Caracazo como un vulgar y demagógico saludo a la bandera.