El Fondo sin fondo de Jubilaciones

El Fondo sin fondo de
Pensiones
Manuel C. Martínez M.
28 abr. 09

Como ya casi nadie ignora, somos una sociedad donde es una rareza hallar funcionarios públicos moral y técnicamente capaces y vacunados contra la corrupción. Esta prendió con excelente feracidad en nuestra Administración Pública, a tal punto que ella pareciera sólo alimentarse con cada nuevo nombramiento oficial.

Gobiernos van y vienen, Ministros van y vienen, enroques A, seguidos de B, en un permanente círculo vicioso y pernicioso para el país como un todo, aunque muy beneficioso para los corruptos de siempre.

Estos funcionarios corruptos están fuertemente organizados. Las leyes internacionales y nacionales se han encargado de recoger un pesado texto jurídico, penal nacional y diplomático internacional que prácticamente los hace inmunes a cualquier castigo por lábil que este sea.

Complementariamente, esa realidad administrativa nos está hablando sobre la existencia de unos ciudadanos probos y competentes que no son precisamente quienes llenan las nóminas gubernamentales de ninguno de estos países de bajo perfil civilizatorio. Son las personas que finalmente corren con todas las cargas presupuestarias del delito cometido por el funcionario corrupto, hasta ahora inmunizado según venimos infiriendo.

La contaminación es tal en países como el nuestro que de ella no han escapado las insignes y honorables autoridades universitarias. Docentes, rectores, vicerrectores, decanos, y otros funcionarios han sido harto señalados como incursos en delitos contra la Cosa Pública (cónfer actuaciones públicas del ex Ministro Samuel Moncada) sin que ninguno de ellos hasta ahora haya sido sometido a sanción alguna, salvo al sometimiento del llamado escarnio público de ese cotidiano chismorreo mediático de latoso centimetraje que para gente de esa calaña apenas les “resbala” en su endurecida y acocodrilada pelleja.

La corrosividad del acto corrupto venezolano no se detuvo en las altas esferas académicas sino que llegó a las instituciones que se hallan fuera del Presupuesto Nacional. Tal es el caso del llamado Fondo de Pensiones para Jubilaciones, Capítulo de Venezuela. Este organismo afilia obligatoriamente a cada funcionario público que entra en funciones como personal activo. A estos funcionarios públicos activos y durante toda su estadía como tales y no menos obligatoria y compulsivamente se les quebranta su salario, quincenal o mensualmente, en la cuantía que supuestamente servirá acumuladamente de Fondo para esos mismos funcionarios públicos cuando hayan pasado a la condición de JUBILADOS UNIVERSITARIOS.

Y este es el caso de manifiesta corrupción en el Fondo de Jubilaciones de Venezuela: Sobre una suerte de arbitrariedad gubernamental, sus directivos decidieron seguirle cobrando la cuota de jubilación al personal mismo que va siendo incorporado a la Nómina de Jubilados. Tal irregularidad administrativa representa toda una importante aberración desprovista de toda lógica entre personas de pensamiento sano, honesto y moralmente frágil, pero que encaja perfectamente en la insana y desmoralizada conducta de los administradores de este Fondo sin fondo para jubilaciones.

Así las cosas, tenemos un buen lote de JUBILADOS UNIVERSITARIOS que siguen cotizando su cuota para el Fondo de Pensiones para cuando sean cesanteados (suponemos) hasta de su condición de jubilados en este mundo y empiecen a ser jubilados en el más allá. No podemos imaginar otra explicación coherente con lo que está pasando.

Por todo eso, pensamos que independientemente de que esos administradores del Fondo sin fondo de Jubilados estén o no lucrándose con dinero ajeno, en el escaso caso de que queda algún brote sano en las nóminas nacionales de la burocracia actual, ese Fondo debería reintegrar ipso facto, y con los correspondientes créditos de intereses causados por apropiación indebida, e íntegramente todo el cuantioso monto de retenciones no menos indebidas. Todo eso, al margen de las sanciones administrativas y/o penales que dejamos a criterio de otros funcionarios involucrados en estos manejos de dinero público, pero ajeno.