¿Devaluaciones o Confiscaciones?

Por Manuel C. Martínez M.
16 oct. 08


Históricamente, desvalarorizar el dinero, confiscar y expropiar bienes han sido frecuentes artilugios gubernamentales con fines ora públicos, ora personales. Aunque legalmente esos privilegios estatales hayan sido abolidos, regulados y hasta condenados popularmente todavía no escapan a su práctica.

Es admirable la ingeniosidad burocrática que suele ponerse al servicio de gobernantes inescrupulosos, ingenuos o ignaros para burlar o quebrantar todos o algunos de los atributos que caracterizan la propiedad privada en los regímenes clasistas, sin que ni remotamente esto tenga nada qué ver con revoluciones socialistas. Inclusive la “expropiación” o compra forzosa de algunos bienes particulares termina beneficiando a otros tantos particulares con lo que el carácter público que le sirve de justificativo queda a un lado.

En nuestras sociedades burguesas los gobernantes han complacido la voluntad de algunos comerciantes y se han llevado por delante la propiedad otros. Las obras viarias son un buen ejemplo.

Con la devaluación monetaria se comete una de las más hipócritas confiscaciones en contra de todo el paquete jurídico que las condena. Veamos por qué:

Por ejemplo, una devaluación de 50% ipso facto reduce a la mitad de su valor todos los salarios y ahorros, el de los bienes consumibles y fungibles, de muebles e inmuebles, y aparentemente ningún ciudadano escapa de esa súbita reducción patrimonial.

Pero bien observado el fenómeno fiscal, nos encontramos con “comerciantes” que obviamente por ajustarán el valor de sus inventarios para conservar su mismo capital en términos de la divisa que originalmente avale la moneda corriente.

Sabemos que los industriales exportadores aprovechan y presionan al Estado para que los complazca con esas devaluaciones que supuestamente mejorarían sus ventas y con ello el ingreso de divisas al país, pero se trata de argumentos deleznables. Los salarios deberán ajustarse y otros costes complementarios de la producción terminarán elevando los precios de las mercancías de exportación.

En paralelo, como el gobernante posee los respaldos de la moneda fiduciaria que él mismo ha emitido y devaluado, consecuencialmente, de perogrullo reabastece sus disponibilidades fiscales con cargo a los mencionados salarios y ahorros de los ciudadanos “no comerciantes”. A esta drástica y automática reducción patrimonial y devaluacionista podríamos perfectamente asimilarla a una hipócrita confiscación.