¿Qué tal si
Privatizamos el Poder Judicial?
Manuel C. Martínez M.
06 may. 09

Sólo es un secreto a voces la pésima e irreparable calidad del Poder Judicial venezolano, cuyos servicios dejan mucho qué desear en los distintos campos: penal, civil, mercantil y “bancofinanciero”. Dilaciones, y petulancia burocrática, inoperancia oportuna, defraudaciones sentenciales, despilfarros procedimentales, anacronías jurídicas, obsolescencia organizacional, etc., todo eso configura un cuadro improductivo para unos servicios tan valiosos e imprescindibles en cualquier sociedad civilizada, pero que cobran mayor relevancia en la sociedad capitalista cuya estructura familiar es privada y querellante por excelencia.

Esa deficiente e ineficaz calidad judicial, notoria por demás, ha servido para que con sobrada razón algunos venezolanos hayan buscado causas y causitas, y sugerido fórmulas y formulitas en búsqueda del saneamiento y mejora en los servicios del caso que nos ocupa.

Jueces, fiscales, legos escabinos, jurisconsultos, docentes, abogados, todos ellos representan una heterogénea masa de trabajadores en pugna por imponer, personal y privadamente, cada uno sus propios alegatos e inferencias, razón esta por lo que no han aplicado la cooperación interlaboral como método para agilizar los procesos judiciales ni resolverle querellas ni casaciones a los afectados de cada día.

La legislación venezolana se ha ido saturando de leyes y leyecitas, de una legislación hípercasuística donde la mayoría de sus leyes terminan durmiendo el sueño de los justos por su inaplicabilidad, su empolvamiemto o ignorancia dentro de los propios tribunales, y donde las necesidades del burócrata judicial en nada difiere del mercachifle cuyos inciertos ingresos lo mantiene diariamente en constante y estresante expectación.

Sábese que por naturaleza propia los servicios jurídicos nacionales del llamado Estado de Derecho siempre han sido públicos o al servicio, ni tan indistintamente, de tirios y troyanos, de negros y blancos, de honrados y deshonestos, de alfabetos y analfabetos, de pobres y ricos, de patronos y asalariados, de prestamistas y prestatarios, de comerciantes y consumidores, de mayores y menores, de mujeres y hombres, de heter y homosexuales, de grandes damas y grandes prostitutas, y de delincuentes y probos.

Esta indiferenciación teórica y constitucional ya deja mucho qué desear en un país donde el lucro particular y los problemas familiares de esos negros, de esos blancos, de esos banqueros, de esos prestatarios, de esos asalariados, de esos capitalistas, de esos consumidores, de esos comerciantes, y de esos analfabetos y alfabetos, guía la mente y los pasos de una ciudadanía nacida, alimentada y educada en un atomizado mundo individualista y robustecidamente burgués por todas sus aristas y dimensiones.

Los hombres preocupados por la mala marcha del Poder Judicial han hablado de obsoletos métodos procedimentales, de carencia de espacio físico, de mala remuneración de la burocracia judicial, de malos hábitos del venezolano y de otra larga lista de posibles y hasta concomitantes causas de semejante anacronismo, desorganización y baja productividad del poder institucional que más peso cultural ejerce en cualquier sociedad del mundo de ayer y de hoy, inclusive más allá de los aportes culturales derivados del multisistema educativo nacional, estadal y municipal.

Pensamos que este Poder Judicial bien podría ser objeto de privatización de tal manera que su gerencia y directivos judiciales vean en cada caso ventilado en sus oficinas una fuente de lucro y correspondientemente vean también y en paralelo, una causa de quiebra capitalista en caso de que no sepan prestar buenos y oportunos servicios, ni garantizarle la razón legal a un demandante, ni sugerir el justo castigo a quien negro, blanco, rico, pobre, empresario o asalariado, haya cometido algún ilícito, delito, o violación o incumplimiento de obligaciones varias.

Esta privatización del Poder Judicial no tiene nada de extraño ni inédito, habida cuenta que actualmente la mayoría de los defensores y demandantes de la querella nacional es ejercida privadamente por abogados debidamente acreditados en su libre y arbitrario ejercicio profesional.

El libre ejercicio de la abogacía es en sí mismo un anticipo y buen ejemplo de privatización judicial. Entonces, ¿por qué no se privatiza también y definitivamente la fiscalización de los deberes y obligaciones de los burócratas de los poderes legislativo y ejecutivo? La legislación venezolana, actualmente y a la inversa, hace del poder Ejecutivo y del Poder legislativo un doble suprapoder que constitucionalmente subyuga y regula el ejercicio burocrático del poder Público Judicial. Los magistrados son preseleccionados por esos poderes, y el Presidente está facultado para casar a voluntad suya cualquier decisión que cualquier tribunal haya tomado con justificada razón.

¿Por qué no se privatiza la atención y defensa del agraviado, del secuestrado, de las víctimas del hampa común y burocrática?, cosas así.

Así como muchos servicios privados han sido nacionalizados, también algunos servicios que tradicional y contractualmente han sido nacionalizados pudieran ser perfectamente privatizados, ya que mal puede seguir el Poder Judicial en unas manos burocráticas y de difusa responsabilidad de quienes por lo general y tendenciosamente terminan convirtiendo la Justicia en coto privado.